Si bien es cierto que
hoy en día existe en el país una serie de lineamientos generales
respecto a la política ambiental, también lo es que éstos parecen diluirse en
la medida en que se va descendiendo en las diferentes actividades económicas y
en su perspectiva regional, dando la impresión de haberse creado un sector
independiente alrededor de la temática ambiental y no, como debería ser, un
criterio fundamental en la definición de políticas en cada sector.
Por su parte, el Ministerio del Medio Ambiente, en su calidad
de organismo rector, tiene, entre otras funciones, las de formular la política
nacional, establecer las reglas y criterios en el ordenamiento ambiental del
uso del territorio y el aprovechamiento sostenible de los recursos y de regular
las condiciones generales para el uso, manejo, aprovechamiento, conservación,
restauración y recuperación de los recursos naturales, responsabilidad bien
difícil de llevar a cabo si no se cuenta con la participación activa y decidida
de los diferentes sectores que orientan las políticas de desarrollo nacional.
Asimismo, buena parte de los esfuerzos realizados por el
Ministerio del Medio Ambiente, en sus pocos años de creación, se han focalizado
en crear institución y en desarrollar la normatividad ambiental necesaria, pero
queda mucho por realizar en el aspecto de articulación y coordinación
interinstitucional en donde, valga la pena reconocer, no ha existido la mejor
colaboración por parte de los diferentes interlocutores sectoriales,
evidenciando igualmente que en el propósito de formar una conciencia ambiental
en todos los niveles del Estado existe todavía un largo camino por recorrer.
El sector agropecuario y todas sus instituciones no han sido
la excepción, a pesar de tener en el proceso, por una parte, una
responsabilidad casi paternal en el desarrollo de una política ambiental, y por
otra, como ya se había mencionado, situaciones que lo marcan como uno de los
sectores más involucrados en el deterioro ambiental. Precisamente del
reconocimiento de la complejidad propia de la política agropecuaria y rural, se
desprende que es en el sector agropecuario y rural donde el reto de crear una
conciencia ambiental que garantice un desarrollo humano sostenible es más
necesario, urgente y difícil de conseguir.
La actual política agropecuaria plantea dos directrices
fundamentales para el desarrollo sectorial: la modernización y competitividad
de las actividades productivas, y el desarrollo integral y el mejoramiento de
la calidad de vida de la sociedad rural, aspectos que se enmarcan perfectamente
dentro del propósito del desarrollo humano sostenible, pero sólo si en su
diseño, en su planeación y en su desarrollo, permanecen claramente establecidos
los criterios de orden ambiental y la perspectiva sustentable. Al respecto vale
la pena resaltar que tales condiciones no han sido tan evidentes y su
aplicación todavía es tema de discusión e inclusive parecen reñir cuando se
abordan temas como los de adecuación de tierras, investigación y avance
tecnológico, crédito agropecuario, comercialización agropecuaria, reforma
agraria, servicios sociales y competitividad, entre otros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario