El concepto de buenas prácticas agrícolas
(BPAs) ha ido evolucionando con el transcurso de los últimos años en el
contexto de una economía alimentaria rápidamente cambiante y globalizadora,
como resultado del interés y del compromiso de una amplia gama de partes
interesadas en torno a la producción alimentaria, a la seguridad y calidad
alimentarias y a la sostenibilidad ambiental de la agricultura. Las BPAs
aplican las recomendaciones y los conocimientos disponibles para la
sostenibilidad ambiental, económica y social de procesos de producción in situ
y de posproducción, que terminan en productos agrícolas alimentarios y no
alimentarios seguros y saludables. Un enfoque ampliamente aceptado que use
principios de BPAs, prácticas e indicadores genéricos será de gran ayuda para
guiar el debate sobre políticas y acciones nacionales, así como sobre la
elaboración de estrategias para garantizar que todas las partes interesadas
participen en las BPAs y se beneficien de su aplicación en la cadena
alimentaria.
El objetivo fundamental de la NTC 5400 es definir requisitos
y procedimientos, que sirvan de orientación a los pequeños, medianos y grandes
productores de estos cultivos; con ello, mejorar las condiciones de la
producción agrícola con un enfoque preventivo que incluye la búsqueda de la
inocuidad, competitividad, seguridad de los trabajadores y desarrollo
sostenible.
De igual forma, esta norma técnica es
herramienta importante para que los productores logren satisfacer las
exigencias de calidad impuestas por los mercados internacionales como es el
protocolo EUREPGAP o las normas de FDA para Estados Unidos, entre otros.
Esta norma es producto del trabajo del
Comité Interinstitucional de Buenas Prácticas Agrícolas liderado por el
Ministerio de Agricultura y conformado por el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, Departamento Nacional de Planeación, ICA, SENA, CORPOICA, CCI,
PROEXPORT, ANALDEX, SAC, CENICAFE, ICONTEC, IICA y ACTA.
LINEAMIENTOS DE LA NORMA
Producción limpia en la agricultura
En un decreto, el número 1299, están las
nuevas obligaciones. En sus 9 artículos, 4 parágrafos y 17 numerales, obliga a
las empresas, incluidas las micro y pequeñas de carácter industrial, a crear un
área especializada en Gestión Ambiental. Quizás el enunciado, a simple vista,
no diga nada, pero su connotación va más allá de una simple norma y marca el
rumbo de lo que significa la producción blanca en Colombia. “Y no crean, dice
Lozano Ramírez, que el decreto se va a convertir en letra muerta. Lo vamos a
hacer cumplir, primero por la vía de la persuasión, y luego con las sanciones
que van desde multas ejemplares hasta el cierre temporal y definitivo de la
empresa. Los que conocen al ministro, un abogado conciliador y cerebral, amante
de la concertación, saben que no está amenazando. La muestra es el
enfrentamiento que ha librado contra las multinacionales productoras de carbón,
las multas a centenares de compañías que incumplen las normas ambientales, su
indeclinable decisión para que las zonas francas reserven por lo menos el 30
por ciento del terreno para áreas verdes y la declaración de guerra a las bolsas
plásticas, por considerar que son uno de los peores contaminantes del
ecosistema. La situación sobre este último tema ha llegado al punto de que en
los próximos días el Congreso de la República deberá aprobar un polémico proyecto de
ley que restringe el uso de estos productos, sobre todo en las grandes
superficies. El país –dice el Ministro- tiene una enorme deuda con el medio
ambiente y es hora de empezarla a pagarla, sin ambigüedades ni paños de agua
tibia.
Según un estudio del Centro Nacional de Producción
Más Limpia y Tecnologías Ambientales de Colombia (CNPMLTA), el sector
industrial es responsable de más del 50 por ciento de la contaminación y de
residuos tóxicos, por lo que el crecimiento y desarrollo económico no se puede
hacer a costa de destruir la flora, la fauna y al mismo hombre. Por ello el
Departamento de Gestión Ambiental (DGA) tiene unos objetivos muy claros y
precisos, que van desde velar por el cumplimiento estricto de las normas y
aumentar la eficiencia energética, hasta fomentar el uso de combustibles más
limpios y proteger los ecosistemas. Dada la importancia del tema, Latinpyme
entrevistó al ministro Lozano Ramírez, quien hace un llamado al sector
productivo para que adopte voluntariamente una política de producción limpia.
¿Cuál es el diagnóstico que se puede hacer sobre la cultura de protección al
medio ambiente en el país? Colombia ha tenido una tradición de conciencia
ambiental importante en la región y ha expedido normas que en su momento fueron
pioneras. Sin embargo, el desempeño ambiental a pesar de los esfuerzos deja
mucho que desear, pues todavía vemos grandes afectaciones derivadas de los
procesos industriales frente a la calidad del aire, el ruido, el manejo de las
aguas residuales y al manejo de los desechos. Lo importante es que hay una
buena disposición y una sensibilidad ambiental creciente en los empresarios
colombianos, grandes, pequeños y medianos. Ya está claro que el único camino
aceptable para el desarrollo es aquel que lo garantice con altos estándares
ambientales. El gobierno acaba de expedir el decreto 1299 que obliga a las
empresas a crear un Departamento de Gestión Ambiental. ¿Cuál es el objetivo?
¿Qué se persigue? Esta es una decisión trascendental, es una medida que aún
está caliente porque se acaba de expedir, y lo que hace es reglamentar el
artículo 8 de la Ley
1124 de 2007. Todas las empresas clasificadas como industriales deben
incorporar en su estructura un Departamento de Gestión Ambiental de acuerdo con
su tamaño y sus posibilidades. Esto lo que quiere decir es que ninguna empresa
en Colombia podrá omitir la consideración de responsabilidades ambientales y en
función de ellas deberán tomar medidas para que su producción no afecte al
medio ambiente. ¿Estas medidas cobijan a todas las empresas, independientemente
de su tamaño y de la actividad que desempeñen? En desarrollo de la Ley el decreto se aplica a
todas las empresas a nivel industrial, cuyas actividades, de acuerdo a la
normatividad ambiental vigente, requieran de licencia ambiental, plan de manejo
ambiental, permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales. Esto
quiere decir que cualquier empresa que esté sometida a la legislación ambiental
debe montar su departamento en función de su propio tamaño.
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